¿Cómo se garantiza, en general, el cumplimiento de las leyes? Primero, controlándolo. Segundo, castigando su incumplimiento. Veamos cuál es la situación con respecto a la nueva ley de fábricas. Los inspectores de trabajo son los: encargados de controlar el cumplimiento de las leyes. Hasta ahora, las disposiciones relativas a la inspección de los establecimientos fabriles, publicadas en 1886, no se hacían extensivas a toda Rusia, ni mucho menos, sino sólo a algunas provincias, para ser más exactos a las de mayor concentración industrial. La zona de inspección de los establecimientos fabriles fue extendiéndose a medida que crecía el movimiento obrero V las huelgas. Ahora junto con la ley que reduce la jornada de trabajo se ha promulgado otra (del mismo 2-VI-1897) extendiendo la inspección de los establecimientos fabriles a toda Rusia y a todo el Reino Polaco. Esta extensión a toda Rusia del reglamento relativo a la inspección y a los inspectores de trabajo, constituye naturalmente un paso adelante. Los obreros lo aprovecharán para dar a conocer a un mayor número de sus camaradas su propia situación y las leyes que les atañen, para hacerles conocer la actitud del gobierno y de sus funcionarios hacia los obreros, etc. El hecho de que todos los obreros fabriles de Rusia estén subordinados a las mismas reglamentaciones que los obreros de vanguardia (de las provincias de Petersburgo, Moscú, Vladímir y otras) ayudará por supuesto, al movimiento obrero a abarcar con mayor rapidez ai todos los obreros del país. No examinaremos ahora en detalle hasta qué extremo es eficaz el control del cumplimiento de la ley por los inspectores de trabajo. Para ello se requeriría un folleto especial (tan amplia es la materia), y es probable que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar con los obreros acerca de la Inspección de trabajo. Nos limitaremos a señalar brevemente que son tan pocos los inspectores que se nombran en Rusia, que éstos aparecen por las fábricas muy de tarde en tarde. Dependen por completo del ministerio de Finanzas, que los convierte en lacayos de los fabricantes, los obliga a informar a la policía de las huelgas y disturbios, y a perseguir a los obreros por abandonar la fábrica, inclusive cuando no los persigue el fabricante; en una palabra, los trasforma en servidores de la policía, en gendarmes en 288 las fábricas. El fabricante dispone de mil medios para ejercer presión sobre los inspectores y obligarlos a hacer lo que a él le convenga. Los obreros, en cambio, no tienen ningún medio de influir sobre la Inspección de trabajo, y no podrán hacerlo mientras no tengan derecho a reunirse libremente, organizar asociaciones, hablar de sus problemas en la prensa y publicar sus periódicos obreros. Mientras falten estos derechos, el control de los funcionarios sobre los fabricantes no puede existir, y jamás será serio y efectivo. Pero el control no basta poí sí solo para que se cumpla la ley. Para ello será necesario, además, fijar severos castigos por su incumplimiento. Porque, de otro modo, ¿de qué puede servir que el inspsctor de trabajo señale al fabricante la ilegalidad de sus actos? Éste no prestará atención y seguirá procediendo como antes. Por eso, al promulgarse una ley, se mencionan siempre los castigos que se impondrá a sus infractores. Pero en la nueva ley del 2 de junio de 1897, que reduce la jornada e implanta el descanso los díts feriados, no se fija ningún castigo por su incumplimiento. De aquí los obreros pueden inferir hasta qué punto la actitud del gobierno difiere según se trate de los fabricantes o de los obreros. Cunndo se promulga una ley en la que se estipula, por ejemplo, oue los obreros no tienen derecho a abandonar la fábrica antes del plazo convenido, se señalan inmediatamente las sanciones correspo^dientes, y aun una tan feroz como la detención. En caso de huelga, por ejemplo, la ley amenaza a los obreros con el arresto e inclusive con la cárcel, mientras que al fabricante sólo se le aplica una multa por haber dado origen a la huelga al no cumplir con el reglamento. Y lo mismo ocurre en este caso. La ley establece que el fabricante debe conceder descanso a los obreros los domingos y feriados, y no hacerlos trabajar más de once horas y media por día, pero ningún castigo está previsto en caso de incumplimiento. ¿Cómo, entonces, responderá el fabricante que infrinja la ley? Lo más que le harán será llevarlo ante el juez de paz, quien no puede imponer multas superiores a 50 rublos o ante el Departamento de Trabajo, que le aplicará también una multa. ¿Pero es que una multa de 50 rublos puede asustar a un fabricante que obtiene un beneficio mayor al obligar a todos los obreros a trabajar para él una noche o un día feriado? Le convendrá más infringir la ley y pagar la multa. Que la ley no haya previsto una pena especial al fabricante que la viola es una injusticia indignante, una prueba evidente de que nuestro gobierno quiere que la ley 289 quede sin aplicar el mayor tiempo posible, de que no desea exigir de los fabricantes el cumplimiento riguroso de la ley. También en otros países ocurrió en tiempos remotos que los gobiernos promulgaran leyes obreras sin fijar sanciones por su incumplimiento. En la práctica, esas leyes no se cumplían en absoluto, y quedaban reducidas a un trozo de papel. Por eso, otros países han abandonado hace mucho la estúpida costumbre de dictar leyes sin garantizar su cumplimiento. El gobierno ruso retoma ahora esta vieja estratagema, confiado en que los obreros no la advertirán. Vana esperanza. En cuanto éstos conozcan la nueva ley, vigilarán rigurosamente su cumplimiento, sin permitir la menor trasgresión, negándose a trabajar hasta tanto no se cumplan las disposiciones de la misma. Este control ejercido por los propios obreros será más eficaz que el efectuado por cualquier gendarme de fábrica y sin ese control no se cumplirá la ley.